Esta mañana se desarrollaron las comisiones de legales y presupuesto, la primera dio inicio con la presentación de varios proyectos, incluyendo la adhesión a la ley 15000, sobre declaraciones juradas patrimoniales. En el debate, se plantea la necesidad de analizar la reglamentación de la ley y de adjuntarla al expedientes, por otro lado, que esas declaraciones queden a resguardo, salvo manda judicial que indique lo contrario. La cuestión generó un debate sobre el objeto de esta ley y las aplicaciones de la misma. Ventoso quiso dejar asentado que hasta la fecha no existe una norma que obligue a los municipales a realizar declaraciones juradas, por lo que esta adhesión es sumamente relevante. Dado que el tema tiene varias aristas, se decide continuar trabajando el proyecto.
Luego, del expediente 4123-2761/17 licitación UTF 17, se debatió sobre las consideraciones jurídicas a tener en cuenta en este expediente. Por un lado, desde Unidad Ciudadana se plantea la necesidad de incorporar al expediente un dictamen escrito de asesoría letrada, a fin de garantizar el proceso debido y la protección de los bienes del Estado, un concepto acompañado por el bloque de Propin, sobre todo teniendo en cuenta la invitación cursada al asesor letrado de la Municipalidad. Con su llegada, se lo consultó al respecto, frente a lo que Rapallino comentó que no hay dictamen formal desde asesoría por decisión del ejecutivo de armar con planeamiento el pliego, porque por regla su área no lleva adelante ninguno de los pliegos porque para hacerlo seriamente se deberían afectar más recursos. Por eso, de manera informal, y en un análisis del expediente aclara que se trata de una solución sensata para resolver una de las últimas UTFs, porque esto viene de un proceso del 2009. A diferencia del resto, Bosquemar no compró pliegos, debido a una acción judicial interpuesta, relacionada con la re localización propuesta en aquel pliego, en la que el juez consideró que este cambio no estaba debidamente motivado. “El Estado puede modificar las normas pero debidamente motivada, para que no ocurra lo que sucedió con las relocalizaciones, en este caso, la motivación es la transparencia y la concurrencia”, aclaraba el asesor letrado.
Desde Propin se lo consultó directamente sobre la disposición del funcionario a agregar el dictamen por escrito al expediente, a lo que Rapallino planteó que no lo consultaron al respecto, y que no tiene competencia para emitir un dictamen, y que por otro lado, la ordenanza 5118/17 en su artículo 5° establece que se debía llamar a una nueva licitación. Mientras que, desde Unidad Ciudadana se aclaró que tienen la intención de solicitar un dictamen al intendente, para que conste el dictamen en el expediente; por otro lado, el presidente de la comisión aseguró que la idea es tratar este pliego en una sesión especial. De esta manera se dio por concluida la comisión, dando lugar a la de presupuesto, la que dio inicio con la lectura de notas, para luego presentar para la firma un proyecto de ordenanza que afecta los fondos provenientes de las multas de tránsito a las instituciones de bien público que elija el infractor, al momento de abonar la multa correspondiente.
A continuación se presentaron varios proyectos para la firma, y para cerrar la comisión se debatió brevemente el proyecto de ordenanza del expediente interno 4123-2116/18 – consultas al HTC 2018. en el que se propone congelar los salarios de la planta política del HCD.
Comisiones del día miércoles
- Planeamiento y Salud
- Comisiones extraordinarias y sesión especial